• La policía desaloja a los vecinos del Castillo y comienzan las obras

Al menos tres manifestantes sufrieron esta mañana heridas durante una carga policial durante una concentración vecinal contra el inicio de las obras de la cárcel de Juan Grande, en el sur de Gran Canaria.

Algunos vecinos intentaron colocar una pancarta cerca del perímetro de seguridad marcado por los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), momento en el que los policías intervinieron para retirarla.

Durante el forcejeo, una mujer cayó al suelo y el resto de vecinos respondieron contra los agentes, lo que provocó una carga policial que se saldó con dos heridos que tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Centro de Salud de Maspalomas, mientras que un tercero acudió posteriormente en su vehículo particular.

En el lugar se dieron cita desde las siete de la mañana el doble de afectados que ayer con la intención nuevamente de paralizar los trabajos consistentes estos días en el vallado de la zona.

Por su parte, el Cuerpo Nacional de la Policía reforzó sus efectivos con casi medio centenar de agentes y al menos unos quince vehículos, algunos de las cuales hacen guardia en los alrededores de la parcela y en las vías de acceso por carretera.

Policías y vecinos permanecen en los últimos días las veinticuatro horas en el lugar, unos para custodiar las máquinas mientras los otros muestran permanentemente sus consignas contra la construcción de la cárcel.

El Consejo denunciará a la Delegada de Gobierno y al Jefe de los dispositivos Policiales

El Consejo de Vecinos considera que las obras de la Macro Cárcel son ilegales porque: no son dueños de los terrenos,  el plan territorial donde se indica el lugar de ubicación de la cárcel no está aprobado porque  en dicho plan la designación de Juan Grande se hizo de forma premeditada y “chanchullera”, no tienen permiso de obra, no tienen declaración de impacto ambiental, causando por ello numerosos daños y por último no tienen la declaración de interés general por parte del Consejo de Ministros.

Por todo ello el Consejo denunciará a Carolina Darias, Delegada de Gobierno y al Jefe de los dispositivos policiales, por haber impedido que los vecinos detengan los trabajos ilegales además de cometer prevaricación y omisión de deber al utilizar las fuerzas policiales para intimidar a los vecinos con el objetivo de que se recomiencen las obras. Además se denunciara  igualmente  a la Empresa Hermanos Tito y a la SIEP, por realizar dichos trabajos ilegales.

De la misma manera se denunciará a varios  agentes policiales del dispositivo por agresión a tres vecinos, que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos, debido a  diversas lesiones por lo cual se levantó el correspondiente parte médico. Las lesiones más graves fueron debidas a golpes en el cuello y en la pierna debido a porrazos de estos agentes, a pesar de que estos  vecinos, como se acordó en la asamblea de ayer solamente se limitaban a hacer resistencia pasiva.

Por otro lado el Consejo quiere desmentir una noticia aparecida en diversos medios en la que se indica que las obras ya pueden comenzar debido a que los vecinos no se les dio la razón en un juicio en el que presentaban alegaciones contra la decisión de desautorización de la Delegación de Gobierno a realizar concentraciones en la zona debido a que el terreno tiene un uso privativo. El Consejo informa de que esto no tiene nada que ver con las obras ilegales de la macro cárcel.

Por último el Consejo informa que mañana a las 10 horas tendrá lugar en el Juzgado no 4 de Maspalomas un juicio contra seis vecinos, por un presunto delito de coacciones por impedir los trabajos ilegales. Es lo mismo que ya ocurrió hace unas semanas cuando  el juez dio la razón a los vecinos por los mismos motivos.