El impuesto de sucesión y donación posiblemente sea el impuesto más injusto, que se ejecuta en los momentos más difíciles en la vida, de cualquier contribuyente, especialmente de clase baja o media.

El pequeño patrimonio conseguido, fruto de toda una vida de trabajo, -la compra de la vivienda, o el negocio familiar- casi siempre realizado con el esfuerzo conjunto de la pareja, desemboca en un momento dado, con la muerte de uno de ellos. A la desaparición del ser querido, se une la necesidad de ejecutar los urgentes trámites para poder seguir utilizando la disponibilidad bancaria, o el cobro del alquiler de una vivienda, o la continuidad del pequeño negocio. Son los lógicos momentos tristes que merecerían la paz y recogimiento para llorar a la persona ausente. Cuando la  persona que se ausentó, es la persona que llevaba la gestión del negocio, además de crear el vacío en la pareja, puede crear inseguridad en la persona que debe de asumir, de sorpresa, la gestión, que no siempre tiene porqué estar preparada, y con la voluntad de seguir en el negocio.

La sociedad no suele estar acostumbrada a planificar la ausencia de un ser querido, por lo que los políticos, en sus programas electorales tienden a encaminar sus promesas a mejorar la calidad de vida de los que seguimos votando, y no será muy frecuente que la eliminación del impuesto de sucesiones figure en las promesas electorales, pero si se hubiese producido la promesa, se intentará pasar página de inmediato, no sea que al tratar de resolver una injusticia social, ensombrezca con su tristeza, el horizonte. El votante está acostumbrado al olvido de las promesas electorales, y los temas tristes, mejor verlos de lejos. No pasará nada si la promesa no se cumple.

Sin embargo, la promesa de la anulación de este impuesto sí ha sido una promesa en periodo electoral, que cumpliéndose toda una primera parte de esta legislatura, debería haber tomado cuerpo para planificar la modificación de la Ley. En su ausencia, han existido sensibilidades de prohombres del PSOE que han desarrollado lo que creen debería ser una línea coherente en la forma plural del pensar socialista y en sus propias regiones han dado vida a lo que sonó para toda España, como promesa electoral, por ejemplo:

El pasado 03.06.2008. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  aprobó un Decreto-Ley de medidas fiscales que incluye una importante reducción de los impuestos de sucesiones y donaciones.  En el caso del impuesto de sucesiones, el Decreto-Ley determina la eliminación del impuesto de sucesiones en herencias entre familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes) cuando la adquisición individual sea inferior a 175.000 euros.

En otra región española, el pasado 25.07.2008, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones que se producen en el ámbito familiar en la región, que entrará en vigor el próximo uno de enero. La exención del impuesto de sucesiones supondrá un ahorro superior a los 40 millones de euros para unos 50.000 declarantes, mientras que de las exenciones en el impuesto de donaciones se beneficiarán unos 10.000 declarantes.

También ha sido el Parlamento de Galicia que el 04.07.2008 aprobó la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. Tras la modificación, el 90% de las herencias de la comunidad – aquellas inferiores a los 125.000 euros- dejarán de pagar este tributo Los cambios entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre, La nueva normativa dejará fuera de tributación a los patrimonios familiares de hasta 675.000 euros. Además, quedará excluida del gravamen la transmisión de la vivienda habitual al cónyuge, con un límite de 600.000 euros, y exenta en la práctica cuando se traspase a hijos o a herederos menores de 25 años, porque se reduce en un 99%.

Conocemos también la postura del PP que ha puesto en marcha, donde ha podido, la eliminación del impuesto, por ejemplo en Canarias, con el apoyo nacionalista, en vigor desde el próximo primero de año 2009 y parecería que junto a estos citados tres ejemplos, el PSOE en su conjunto, estaría intentando cumplir lo que podría ser uno de los logros sociales prometidos, el logro más justo de la historia de España, pero podría no ser así el famoso sí, pero no. Sigamos leyendo.

Para aclarar mis dudas antes citadas, y para rematar mí escrito, reproduzco lo publicado por C. Cuesta/E.S. en Madrid, 28.07.08, que literalmente dice:

“Economía se alía con los alcaldes, frente a las CCAA sin impuesto de sucesiones. Hacienda plantea ligar el aumento de ingresos de los Ayuntamientos a los Impuestos de Sucesiones y donaciones. El resultado será que los municipios en comunidades que hayan eliminado estos impuestos tendrán menos fondos.

La reforma de la financiación autonómica empieza a convertirse en una de las iniciativas más polémicas de las afrontadas en los últimos años por el Gobierno. No sólo las comunidades autónomas se han dividido en dos bloques -independientemente de su color político entre las defensoras de un modelo de solidaridad y las favorables a una fuerte reducción de las garantías de los territorios más pobres, sino que los propios alcaldes se verán movilizados frente a un modelo u otro

La oferta del Ministerio de Economía ya ha sido recibida por los municipios. Y pasa porque el esperado avance de los ingresos de los ayuntamientos provenga en buena parte de la recaudación efectiva de sus respectivas comunidades autónomas a través de lo que se denomina “impuestos cedidos totalmente”.

Dentro de este capítulo de tributos, se encuentran el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, figuras que actualmente han sido eliminadas o reducidas a la mínima expresión en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en solitario o en coalición (Madrid, Murcia, Valencia, Castilla y León, La Rioja y Canarias). El País Vasco y Navarra, también sin estos impuestos, no se verían perjudicadas, puesto que su sistema foral de financiación, fuera del régimen general, las sitúa al margen de estas medidas.

Por parte de las comunidades socialistas, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria han avanzado igualmente en la dirección de la reducción o eliminación de estos tributos.”

Por todo ello, apreciado lector, y fuera de las legítimas simpatías de cada uno de nosotros, por uno u otros partidos políticos, entre todos deberíamos conseguir que la anulación de este impuesto, con imagen de generosidad del gobierno central, no se planifique a costa de los presupuestos de cada Ayuntamiento, que en su tradicional falta de dinero -los Ayuntamientos acostumbran a gastar más de lo que pueden- este logro social no pueda, por falta de presupuesto,  llevarse a cabo. La culpa no será por incumplir la promesa electoral, faltaría más, pero se intentará responsabilizar a los Ayuntamientos que no hayan querido asumir la eliminación del impuesto.

Podemos suponer que los Ayuntamientos no estarán dispuestos a renunciar al volumen de euros que supone la eliminación del impuesto. Si es así, no será culpa de los Ayuntamientos, que necesitan dinero para subsistir, y puede que no puedan asumir la palabra que dio el Papá Estado, que es el que debería realmente asumir la pérdida en su presupuesto.

Mi resumen: considero que el que promete es el responsable de llevar a cabo la promesa de su propio presupuesto.

sebastianferra@hotmail.com