La ley de Costas de 1988, amplía el deslinde marítimo terrestre hasta 100 metros, a contar de la máxima pleamar, en línea recta tierra adentro. Algo que durante muchos años se mantuvo en unos parámetros infinitamente menores, ahora estultamente desborda las previsiones de todos los que tienen o poseen propiedades de diversos usos a la orilla del mar. En las islas Canarias todo se inició con el execrable espectáculo de Cho Vito, en el municipio de Candelaria de Tenerife, donde el derribo de una serie de inmuebles, algunos con casi más de 70 años de antigüedad, generó en todo el país un rechazo total a esta Ley que margina y deshaucia al pobre y ampara al rico.

Lamentablemente una vez más la Ley del embudo se hace patente, ya que el rasero legal para medir estas cuestiones tienen dos signos completamente opuestos, donde brilla de manera hipócrita la incongruente aplicación de una Ley que perjudica a unos y favorece a otros. Cuando se promulga una Ley esta tiene que ser de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y no tienen porque existir discriminaciones, que como todos sabemos hace más rico al poderoso y hunde en la miseria más contumaz al humilde. En el capitulo segundo; Derechos y libertades, Articulo XIV de la Constitución, dice: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Si nos atenemos a lo que dice nuestra Carta Magna, ¿Por qué se derriban viviendas, cuartos de aperos de los pescadores y otros inmuebles, y no se hace lo mismo con las grandes edificaciones que tanto abundan en nuestras costas, y que dada sus voluminosas estructuras afean ostensiblemente todo el entorno donde se encuentran ubicadas?, como dice aquel refrán tan viejo ya, y tan manoseado por su cotidiano uso, “que caballero es don dinero”.

Para quienes nos gobiernan es mucho fácil litigar contra el menesteroso que contra el todopoderoso. Aquel por desgracia no dispone de medios para enfrentarse al aparato del Estado, el segundo si, y es ahí precisamente donde radica el mal y donde la Ley no actúa con el rigor que debiera, sancionando al que comete un delito, como dice la Constitución; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social:

El estado español tiene aproximadamente, 7.206 kilómetros de costa, distribuidos de la siguiente forma; Península Ibérica, menos Portugal con 3.167; Islas Baleares, 1.428; Islas Canarias 1.583 y Ceuta y Melilla, 518. En su orografía, abundan más las zonas rocosas y acantiladas que bajas o llanas, no obstante así y todo posee una cantidad sustancial de kilómetros de playas de hermoso contenido, posiblemente las mejores de Europa.

¿Con el paso de los años quienes no ha construido algún habitáculo dentro de estas zonas, alterando en algunos casos el ecosistema de las mismas?. Precisamente no han sido los más débiles, que se han limitado a construir unas edificaciones de muy poca altura que no afean el entorno medio ambiental, por el contrario los poderosos empresarios sí que han llevado a cabo edificaciones lujuriosas donde imperan unas alturas que han roto la armonía y en algunos casos hasta la belleza del lugar donde han levantado unos “mamotretos”, que en nada riman con el medio natural. Lamentablemente a los débiles se les derriban sus viviendas, y yo me pregunto, ¿a estos poderosos terratenientes alguien se atreverá a mover tan siquiera una piedra de sus lujosos inmuebles, cuya finalidad lucrativa es su única razón de ser?, cumpliéndose así lo que dice la Ley de Costas, aparentemente tan injusta en algunos casos y en otros no, no estoy descubriendo nada ya que las pruebas son más que evidentes.

Como ya decía todo empezó en Cho Vito, y ahora las amenazas penden cual espada de Damocles, en el Golfo, Ojos de Garza, el Castillo del Romeral, donde ya sus vecinos han manifestado públicamente ¡que se atrevan!, el Agujero, las Caletas, la Furnia, los Dos Roques, Faro de Sardina, etcétera.

Mención aparte me merece analizar el tema de los Anexos de Playa del Inglés, los cuales nacieron de las expulsiones de una serie de empresarios que poseían sus “chiringuitos” en la misma Playa del Inglés y de Maspalomas, y que con enormes sacrificios edificaron esos locales comerciales para reubicar sus negocios, y ahora como consecuencia de una Ley impropia de un país civilizado se los quieren echar abajo. Según se comenta ya las expropiaciones (sin que medie ningún tipo de indemnizaciones) están más que hechas, incluso se dice que todos estos terrenos ya figuran preinscritos en el Registro de la Propiedad correspondiente a nombre de Costas. Pienso que la Dirección General de esta institución debería buscar una salida menos drástica a este tema, ofreciéndole a los damnificados sean quienes sean y habiten donde habiten una solución consensuada, asignándoles si fuese necesario un impuesto o alquiler de manera simbólica, para que toda esta gente que irremediablemente se va a quedar en la calle, no se vea en la necesidad de recurrir a la mendicidad como única solución de poder sacar adelante a sus respectivas familias.

Esta forma de proceder de Costas, atenta contra la supervivencia de muchos españoles, que ignominiosamente se van a ver abocados a abandonar una serie de negocios con los que han subsistido hasta ahora, pidiendo que estas medidas regladas sean aplicadas como es natural y lógico a todos por igual, ya que ese postulado de que “el pez grande se come al chico” no tenga razón de ser. Pido cordura a los responsables de Costas, y si su postura, que se nos antoja intransigente, no tiene vuelta atrás sancionen a todos los que han delinquido y siguen delinquiendo con la misma vara de medir.

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