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Los grupos de CC y PP en el Parlamento de Canarias rechazaron este jueves en el pleno de la Cámara la enmienda a la totalidad del PSOE al proyecto de ley de Participación Ciudadana, pero anunciaron su disposición a cambiar las previsiones sobre las consultas a la ciudadanÃa en el trámite de enmiendas.
Según los socialistas, el texto remitido por el Gobierno al Parlamento es inconstitucional, al confundir participación ciudadana con participación polÃtica, y en concreto al prever consultas al cuerpo electoral sobre cuestiones que decida el Ejecutivo.
Las consultas a la ciudadanÃa sobre iniciativas gubernamentales, según el proyecto ley, puede ser mediante encuestas y sondeos o convocando al cuerpo electoral.
El proyecto de ley también prevé la posibilidad de que se creen tribunales ciudadanos designados “mediante sorteo como muestra representativa de la sociedad”, para pronunciarse sobre iniciativas concretas o programas promovidos por la administración.
Tanto el Gobierno como los representantes de CC y PP admitieron que el texto deberá modificarse y matizarse en el trámite parlamentario para “mejorarlo”, si bien el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, precisó que deben ser sobre todo cuestiones técnicas sin “perder los objetivos de base”.
Ruano aseguró que el proyecto de ley está adaptado al ordenamiento constitucional y señaló que se atendieron las objeciones del Consejo Consultivo.
El objetivo último es fomentar la participación ciudadana en las decisiones públicas de la Comunidad Autónoma y desmintió que se trate de promover “consultas populares o referéndum”, sino “consultas a la ciudadanÃa” mediante sondeos de opinión y encuestas.
Ruano dijo que asuntos trascendentales como el proyecto del puerto de Granadilla o la instalación de una central energética habrÃan sido objeto de participación ciudadana si hubiera estado en vigor este texto.
El portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, consideró muy poco creÃble que CC y PP hablen de calidad democrática y desarrollo de la participación ciudadana cuando han rechazado el debate en el Parlamento iniciativas legislativas populares manteniendo el debate social fuera de la Cámara, como en el caso del puerto de Granadilla.
“El principal fundamento de una sociedad democrática es una opinión publica informada”, y el Gobierno canario ha batido todas las marcas de “manipulación informativa”, dijo Pérez.
El portavoz socialista dijo que el Consejo Consultivo de Canarias ya señaló que con este texto se desborda la potestad legislativa del Parlamento, que genera inseguridad jurÃdica por sus defectos técnicos y que está plagado de regulaciones que ya figuran en otras leyes estatales y autonómicas.
“Se mezcla el derecho de participación ciudadana con los derechos de participación polÃtica mediante consultas al cuerpo electoral, y eso no tiene recorrido constitucional”, advirtió Santiago Pérez.
La diputada de CC Nuria Herrera dijo que si a los socialistas no les gustan los métodos de consultas pueden modificarse en el trámite parlamentario, pero debe quedar claro que “es un texto constitucional”, dijo.
La diputada del PP MarÃa del Mar Arévalo reprochó a los socialistas que les interese tan poco la participación ciudadana y el afianzamiento del espÃritu democrático que representa el proyecto de ley.
“No se buscan intereses espurios ni al margen de la Constitución” con este proyecto de ley, dijo la representante del PP, quien se ofreció a estudiar cambios en el artÃculo que habla de las consultas al cuerpo electoral.
Según el texto del proyecto de ley, el objetivo de esta iniciativa es promover la participación activa de la ciudadanÃa en el ejercicio del poder, de manera que “pueda colaborar en la acción de los gobernantes” mediante su implicación en los asuntos públicos.
Se pretende “fomentar una ciudadanÃa activa, participativa, y responsable”, una sociedad civil organizada y estructurada que pueda formular propuestas y colaborar en su aplicación con todas las instituciones públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el proyecto de ley.
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