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La Provincia señala en su edición del 21 de noviembre que “más de 8.500 trabajadores de la Administración autonómica (de los casi 57.000 que tiene) no acuden cada día a su trabajo. Se trata de un índice de absentismo “desproporcionado”, indicó el consejero regional de Empleo, Jorge Rodríguez, en los pasillos del Parlamento. En la inmensa mayoría de los casos, ese absentismo viene dado por bajas médicas, pero existen trabajadores públicos (una minoría sobre esos 8.500) que simplemente no avisan de que no irán a trabajar. El consejero señaló que “el índice de absentismo en los puestos de trabajo está situado en un desproporcionado 15%” del total de los empleados públicos”.
Estas afirmaciones, junto con otras del vicepresidente autonómico, José Manuel Soria, en las que venía a anunciar una reducción de la cuantía destinada para cubrir las bajas de los funcionarios, han puesto en pie de guerra a las plataformas sindicales, asegurando que esas palabras suponen toda una provocación y una demonización de la clase funcionaria. Claro, efectivamente, aquí, mientras se pueda vivir a la sopa boba, todo el mundo mira hacia otro lado, pero, amigos míos, cuando se intenta poner cordura, máxime en una época de crisis tan galopante como ésta, entonces hay que poner el grito en el cielo por un hecho que siempre debería seguir ese precepto, el de controlar aquellas bajas que no tienen razón de ser.
Por supuesto, uno siempre cree en la presunción de inocencia y considera que la gran masa del funcionariado de las Islas responde a esos principios de eficacia, eficiencia, respeto por los ciudadanos y que aplica la máxima de la responsabilidad y que hace de su trabajo un verdadero servicio público para el resto. Sin embargo, lamentablemente, también existe ese grupo de servidores de la función pública que se toman con poca seriedad su empleo, enlanzando bajas como si no costara, y encima haciendo que su puesto se encarezca para el erario público, dado que hay que seguir pagando a ese funcionario más el compañero que deba cubrir la baja.
En definitiva, con ese dato del 15% de bajas, matizándolo con los que verdaderamente sí responden a una enfermedad constatable, es normal que el Gobierno de Canarias quiera poner un freno a esta sangría económica. Y es que en el ámbito público se han permitido cuestiones que en la empresa privada, por ejemplo, no se sostendrían bajo ningún concepto, como el de tener diariamente ese alto porcentaje de ausencias. Vamos, a ese ritmo, cualquier compañía acabaría por cerrar las puertas, aunque seguro que mi amigo Lewis Rogers pondría su puya y me respondería: “Pero, amigo Velarde, si las privadas se han llegado a cargar a más del 50% de los empleados con los EREs dichosos”. Pues miren, también es verdad. Pero bueno, me preocupa el manejo de los fondos públicos y está bien que el Ejecutivo comience a controlar esos y otros gastos superfluos.
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