Durante las primeras semanas de febrero asistíamos acongojados a la carrera emprendida por trece municipios rurales españoles para hacerse con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Centralizado) previsto por el Gobierno. La mayoría de los ayuntamientos, de muy pocos habitantes, desoyeron a sus partidos e incluso a sus propios ciudadanos para optar a una concesión que les garantizara participar en el reparto de unos 20 millones de euros anuales -ahora serán treinta- entre alrededor de los setenta pueblos incluidos en la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares.

Se me antojaba la misma imagen que la de los mendigos revolviendo en la basura para subsistir.

Por esas mismas fechas nos hemos tropezado en los medios de comunicación canarios con distintas noticias que profundizaban en la precariedad de mundo rural grancanario y sus pobladores. Veíamos como varios centenares de ganaderos y trabajadores de Sialsa se manifestaban para evitar la desaparición de la empresa como consecuencia de una operación especulativa realizada por el Cabildo gobernado por el PP en la anterior legislatura. El presidente del comité de empresa, Sergio Pérez, cifraba en cuatro mil las familias afectadas por el cierre del servicio insular de abastecimiento de leche. En Guayadeque, vecinos de distintos pagos reclamaban un camino agroforestal que les permitiera acceder hasta sus viviendas para “vivir con normalidad”, ya que cada día llevar a sus hijos hasta la guagua del colegio, por ejemplo, les supone una hora de ida y otra de vuelta caminando. Hace poco, en la entrega de premios de una cata municipal de quesos, un ganadero de Tejeda premiado, hoy con su ganadería en Telde, me contaba como lo “juliaron” de la cumbre hace algunos años con zancadillas continuas a su actividad. Y podría seguir añadiendo a este texto un caudal de ejemplos que hablan de la marginación y el desprecio a nuestro mundo rural.

Quizás el paradigma de todo esto haya estado en estos últimos días en la polémica generada en torno a la idea de implantar un teleférico en el Roque Nublo. En una entrevista en el periódico La Provincia, Rafael Cabrera, el ingeniero autor de la idea, señalaba que su propuesta sacará a Tejeda del ostracismo, porque “el pueblo se está despoblando y el teleférico puede convertirse en un gran revulsivo para la actividad económica”. Tras salir este proyecto a la luz pública, el aluvión de posiciones a favor y en contra ha inundado los medios de comunicación, por supuesto que con el consiguiente ataque visceral a los que plantean objeciones, a los que se embarca, hasta la demonización, en una especie de negacionismo a ultranza de cualquier forma de desarrollo. Los del no a todo.

Quiero hacer constar que yo no tengo una opinión formada sobre esta propuesta y me parece que siempre debe quedar un margen para el debate y el contraste de opiniones legítimas de ciudadanos y técnicos, pero me parece especialmente triste que siendo conscientes del empobrecimiento y la falta de recursos de nuestro mundo rural, no se nos ocurra nada más allá que la construcción de un funicular o instalar cementerios nucleares para su salvación.

A principios del siglo XX la población rural en España alcanzaba el 75% y prácticamente en su totalidad se dedicaba a la agricultura. En la actualidad esta población se ha reducido a un 25% y sólo un 4% de los españoles sigue en el sector, preservando miles de pequeños pueblos y la existencia del mundo rural. El abandono del campo en los últimos años ha sido masivo, propiciándose un éxodo que ha generado en muchos casos situaciones extremas de falta de integración y cohesión social.

Según el profesor Luis Camarero, autor del informe “La población rural de España” editado por La Caixa, los municipios de menos de 10.000 habitantes sufren un peligroso envejecimiento –el 15% es mayor de 70 años- que hace que alrededor de 750.000 personas vivan en situación de dependencia, incapaces de valerse por si mismos o de desplazarse fuera de su domicilio, y padecen igualmente un proceso de masculinización ya que hay 80 mujeres por cada cien hombres. También cita el autor el informe “Pobreza y Exclusión Social en Áreas Rurales” de la Comisión Europea, que señala cuatro factores que retroalimentan la pobreza en las áreas rurales: demografía, aislamiento, educación y mercados de trabajo.

En Canarias las cifras andan por los mismos derroteros. Marginación, aislamiento sanitario, educativo y asistencial, envejecimiento, falta y encarecimiento del agua, maraña de leyes que los han obligado a recluirse en reservas improductivas, falta de redes de comercialización, etc, son algunas de las constantes de los últimos años.

Para la COAG es imprescindible crear redes que avancen en la creación de un “modelo social de agricultura”, conformado por hombres y mujeres que trabajen de forma directa y personalmente sus explotaciones; que garanticen una rentabilidad y estabilidad a sus titulares y unas condiciones justas, convirtiéndolo en un modelo generador de empleo, vertebrador del territorio, productor de alimentos de calidad y respetuoso e integrado en el medio ambiente. Según el experto y asesor del ministerio de Agricultura Jaime Izquierdo “en el futuro si queremos conservar el paisaje y la diversidad, y lo que llamamos naturaleza, debemos activar las culturas campesinas”.

Mantener nuestra agricultura y ganadería tradicionales, como he escrito en otras ocasiones y como han señalado expertos y miembros de la plataforma rural de apoyo a las organizaciones agrarias, es cultivar, elaborar y transformar los alimentos sin deteriorar los ecosistemas; es hacer posible una práctica agroecológica que haga compatible la actividad con la conservación de los suelos, la diversidad paisajística, la prevención de incendios, el reciclado de los residuos orgánicos y la gestión de las plagas y enfermedades; es mantener las semillas y las razas autóctonas; es volver a dar vida a nuestros campos y a nuestros pueblos y recuperar así territorios abandonados, nuestro patrimonio arquitectónico y cultural y preservar nuestra identidad .

La FAO recomienda que cada región produzca el 60% de la comida que necesita, y en Canarias apenas llegamos a un 4%. Nuestra subordinación al exterior por el abandono del campo es absoluta. Dependemos de una industria de la alimentación intensiva, deslocalizada, con escasos controles sanitarios y medioambientales, que explota a miles de personas como mano de obra barata, y dependemos de las grandes cadenas de distribución que han abierto enormes abismos de desigualdades entre los seres humanos ya que como señala Gustavo Duch, 1.020 millones de personas padecen hambre; 1.000 millones soportan una alimentación deficiente en micronutrientes y 1.300 millones presentan malnutrición con síntomas de obesidad y sobrepeso.

El cambio climático, la crisis económica, y la falta de seguridad alimentaria debida al control de los mercados por las grandes multinacionales deben servirnos para hacernos reflexionar y volver a pensar, como señalan especialistas europeos y de la ONU, que una gran parte de la solución está en recuperar nuestro mundo rural, en la pequeña agricultura y ganadería, la mejor garantía para asegurar la producción de alimentos. Desde luego todo esto no se consigue sólo con un funicular. Habrá que volver la vista al campo, pero no sólo como un lugar de ocio.

Antonio Morales Méndez, alcalde de Agüimes.