La huelga general y manifestación convocadas para el 29 de setiembre próximo por los sindicatos mayoritarios en todo el ámbito estatal, siendo muy necesaria, tal como están planteadas adolecen de importantes ambigüedades que podrían condicionar en mucho la participación en las mismas y su alcance sociopolítico.

Resulta claramente insuficiente –sino contraproducente- vincular las motivaciones del paro general a la demanda “Por el empleo y el crecimiento”, sin más. Ya hace décadas que la problemática de los empleos en nuestro estado y en el resto del mundo no hace sino que empeorar, por lo que no se precisan solo políticas auténticamente comprometidas con el pleno empleo, sino que también aseguren las condiciones de dignidad de los mismos. Pero además, desde el desplome de la última burbuja inmobiliaria en España –muy amplificada en sus efectos por el derrumbe de las finanzas globales en 2007- la creciente dinámica de precarización socioeconómica ha excedido en mucho el marco de lo laboral. La ciudadanía nos encontramos ante un acoso de las élites de poder internacionales, estatales y autonómicas, tan continuado como injustificable, pues se están vulnerando impunemente las garantías constitucionales que determinan nuestro estado de derecho democrático y la declaración universal de derechos humanos.

También resulta descorazonador que los sindicatos mayoritarios continúen apelando al crecimiento -tal cual- como receta de salida a la recesión que padecemos, pareciendo estar en la más absoluta inopia de la iniquidad del modelo económico hegemónico. Pues el Capitalismo –sistema económico fundado en el lucro privado, indiferente a los intereses y las necesidades generales- sacrifica las legítimas aspiraciones a una vida digna de infinidad de seres humanos en la priorización de sus fines. Y también permanece insensible a la obsolescencia de la incentivación del crecimiento continuado de las actividades económicas. Cuando nos encontramos en ciernes de un colapso civilizatorio y medioambiental globales, en vez de cuestionar de raíz el sistema, ¿los sindicatos mayoritarios continúan apostando por sus opciones caducas, antisociales e insostenibles?

Es el momento de que la ciudadanía contestemos de plano este estado de cosas y para ello, precisamos de un aglutinante común y general a toda la ciudadanía. ¡Qué mejor para ese fin que nuestro contrato social, la carta magna!. Específicamente, los preceptos, garantías y derechos sociales, económicos y laborales que determina y asegura. Estamos siendo sometidos a un auténtico ataque a nuestro estado social y democrático de derecho. Por ello, debemos responder a los poderes legítimos y los fácticos, manifestándonos y exigiendo que se cumplan los derechos sociales, económicos y laborales de nuestra Constitución vigente.

Empezando porque se verifique que: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” (Artículo 128. 1.)

Y continuando por hacer que: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (…)” (Artículo 31. 1.).

Que: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” (Artículo 35. 1.).

Que: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.” (Artículo 37. 1.).

Que: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.” (Artículo 38.).

Que: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.” (Artículo 40. 1.).

Que: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.” (Artículo 41.).

Que: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.” (Artículo 48.).

Que: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.” (Artículo 50.).

Que: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.” (Artículo 131. 1.)

…,etc.

El objetivo de nuestro sistema político es el de “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.” (Del Preámbulo). Porque “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” (Título preliminar. Artículo 1.2.) Así pues, el próximo 29 de setiembre, todas y todos juntos, acudamos a manifestar: ¡Que se cumpla!

Xavier Aparici Gisbert. Filósofo. Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.